La fiscal dice que los soplos a Granados eran "constantes" y lo acusa de "abuso de poder"

EFE

Francisco Granados

La Fiscalía ha dicho este martes, en el primer juicio del caso Púnica, que Francisco Granados se rodeó de un grupo de funcionarios y fuerzas de seguridad que le “amurallaron para conseguir su impunidad” y ha asegurado que los soplos al exconsejero madrileño acerca de la investigación fueron “una constante”.

De este modo, en la primera sesión del juicio por el chivatazo de un guardia civil que alertó a Granados sobre las investigaciones sobre él, y que celebra la Audiencia Nacional, la fiscal Carmen García Cerdá se ha opuesto a la nulidad de las intervenciones telefónicas, reclamada por el abogado de Granados, que se enfrenta a una petición de 3 años de cárcel.

Justo cinco meses después de ser excarcelado tras pasar dos años y medio encerrado, se sienta en el banquillo junto con el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, responsable de dar el soplo, y su amigo José Manuel Caro, guardia civil en excedencia y exasesor de la Comunidad de Madrid, todos ellos acusados de un delito de revelación de secretos.

La intervención de la conversación sobre el soplo ha sido una prueba más de las “muchas las veces en que se ha puesto de manifiesto ese intento de conseguir información” por parte de Granados y era algo, según la fiscalía, que “entraba dentro de lo esperado y que confirmó el abuso de poder y la influencia que ejercía” en Valdemoro, municipio madrileño en el que fue alcalde.

Por tanto, las intervenciones telefónicas fueron ordenadas por el entonces juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, ante los “indicios suficientes y sólidos sobre ese abuso de poder y tráfico de influencias” que llevó a investigar a Granados.
 
Esas intervenciones además, ha proseguido, no produjeron ningún “perjuicio real” a Granados, por lo que no existió vulneración alguna a su derecho a la intimidad y de secreto de las conversaciones, como ha alegado su abogado para pedir su nulidad.

“Un relato fáctico exhaustivo”

En esos momentos, ha explicado García Cerdá, Granados era una persona pública que construyó “un entramado clientelar” para canalizar las ganancias ilícitas y buscar su impunidad”, razones suficientes, ha considerado, para intervenir sus comunicaciones.

Para la Fiscalía Anticorrupción, “existe un relato fáctico exhaustivo” de todos los actos que ha pedido anular la defensa de Granados, por lo que se ha opuesto a todas esas nulidades y ha recordado un atestado de la Guardia Civil en el que se denunciaba “un elenco de delitos” que amparaba la investigación de cualquier actividad delictiva cometida por el exdirigente madrileño.

Tras la oposición de la Fiscalía y de la acusación que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) a las cuestiones previas expuestas por las defensas de Granados y de los otros dos acusados por el chivatazo la presidenta del tribunal, Manuela Fernández de Prado, las ha rechazado.

Respecto a la nulidad de las intervenciones telefónicas, ha anunciado además que tras la practica de la prueba podrá pronunciarse y dar respuesta más detallada.

En cuanto a la alegación de la defensa de Granados, que ha cuestionado que no se juzgue también por estos hechos al considerado su socio en la trama Púnica, David Marjaliza, porque él se benefició asimismo de este chivatazo para destruir pruebas, la presidenta del tribunal ha manifestado que solo se puede juzgar a las personas a las que la Fiscalía ha acusado por estos hechos.

Tras resolver así las cuestiones previas, Fernández de Prado ha llamado a declarar a los acusados.

EFE La Fiscalía pide para Granados 3 años de prisión por un delito de revelación de secretos tras un soplo en septiembre de 2014 sobre Púnica.Los mismos años piden para dos guardias civiles; el exconsejero madrileño permaneció en prisión dos años y medio y salió hace cinco meses.La Fiscalía ha dicho este martes, en el primer juicio del caso Púnica, que Francisco Granados se rodeó de un grupo de funcionarios y fuerzas de seguridad que le “amurallaron para conseguir su impunidad” y ha asegurado que los soplos al exconsejero madrileño acerca de la investigación fueron “una constante”.De este modo, en la primera sesión del juicio por el chivatazo de un guardia civil que alertó a Granados sobre las investigaciones sobre él, y que celebra la Audiencia Nacional, la fiscal Carmen García Cerdá se ha opuesto a la nulidad de las intervenciones telefónicas, reclamada por el abogado de Granados, que se enfrenta a una petición de 3 años de cárcel. Justo cinco meses después de ser excarcelado tras pasar dos años y medio encerrado, se sienta en el banquillo junto con el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, responsable de dar el soplo, y su amigo José Manuel Caro, guardia civil en excedencia y exasesor de la Comunidad de Madrid, todos ellos acusados de un delito de revelación de secretos.La intervención de la conversación sobre el soplo ha sido una prueba más de las “muchas las veces en que se ha puesto de manifiesto ese intento de conseguir información” por parte de Granados y era algo, según la fiscalía, que “entraba dentro de lo esperado y que confirmó el abuso de poder y la influencia que ejercía” en Valdemoro, municipio madrileño en el que fue alcalde. Por tanto, las intervenciones telefónicas fueron ordenadas por el entonces juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, ante los “indicios suficientes y sólidos sobre ese abuso de poder y tráfico de influencias” que llevó a investigar a Granados. 

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